Desapariciones y Detenciones en el Aeropuerto de Maiquetía
Múltiples desapariciones forzosas de venezolanos y expulsiones de extranjeros han ocurrido en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, en el marco de la crisis electoral en Venezuela, de acuerdo con ONG y gremios de la prensa. Yendri Omar Velásquez, director del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, fue detenido por 6 horas en Maiquetía cuando intentaba abordar un avión camino a Ginebra para participar en una reunión sobre discriminación de las Naciones Unidas, según denuncias de su padre y defensores de los derechos humanos en el país sudamericano.
El domingo, se supo de otro caso similar. Edni López, trabajadora humanitaria, politóloga y profesora de la Universidad Central, también fue retenida por fuerzas de seguridad en Maiquetía y se desconocía su paradero, hasta el mediodía de este lunes. La docente intentaba volar por vacaciones. Extraoficialmente, se reportó la tarde del lunes que se le detuvo y se le trasladó a una división de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas. Se desconocían los cargos en su contra.
Persecución del Estado Venezolano
De acuerdo con Provea y otras organizaciones no gubernamentales, Velásquez y López se suman a una lista de cientos de víctimas de la persecución del Estado venezolano contra la sociedad civil, en un contexto de denuncias de fraude y manifestaciones de calle contra la proclamación del presidente Nicolás Maduro como ganador de la elección, hace 8 días. El gobierno venezolano no se ha referido directamente a las acusaciones de violaciones de derechos humanos, pero ha denunciado que está en marcha un presunto golpe de Estado “fascista” marcado por la violencia y restricciones informativas. El fiscal general Tarek William Saab ha asegurado que hay manifestantes pagados por la oposición para generar violencia y ha desacreditado las denuncias de organismos internacionales sobre posibles violaciones de derechos en el país.
Deportaciones de Periodistas y Arrestos
Al menos 14 periodistas y miembros de sus medios fueron deportados de Venezuela entre el 25 de julio y el 2 de agosto, según denunció en su cuenta de X el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. La mayoría de los periodistas fueron inadmitidos en Maiquetía y devueltos a su país de origen. Otros fueron detenidos por fuerzas de seguridad, incluso en sus hoteles y puntos de control policiales y militares, para trasladarlos al aeropuerto y expulsarlos, según sus testimonios, reportajes de prensa y reportes de los gobiernos de sus naciones.
Ha habido al menos 1.010 arrestos y 11 muertes por “represión política” durante la crisis postelectoral en Venezuela, según los informes frecuentes de Foro Penal, una asociación civil de abogados que asisten jurídicamente a personas detenidas arbitrariamente. La ONG ha notado un “patrón de actuación” por parte del gobierno y sus instituciones policiales y militares, comenta a la Voz de América González Himiob, su vicepresidente.
Violaciones de Derechos Humanos y Cacería
“Es una política de Estado dirigida a la restricción de los derechos de una población civil particular, identificada con aquellos que el gobierno señala de ser opositores al régimen de Maduro”, asegura el abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas. Decenas de ONG han registrado detenciones arbitrarias, censuras contra periodistas y sus medios, restricciones a la libertad de expresión, arrestos de menores de edad, impedimentos a aprehendidos a su defensa privada o de abogados probono, así como el uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas, entre otras violaciones de derechos.
El Foro Cívico, una plataforma de organizaciones civiles de diversos sectores en Venezuela, como la salud, la educación, la política y la economía, denunció este lunes “la suspensión de hecho de garantías constitucionales”, que “se ha manifestado a través de muertes, “innumerables” detenciones arbitrarias; amenazas, persecución y la acción de la fuerza pública”, concentrándose en los “más vulnerables”.
Casos como los de un joven de 17 años dentro del espectro autista y un hombre de 27 años no vidente subrayan la gravedad de las detenciones en situaciones que requieren atención especializada. Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, califica de “cacería” las retenciones de personas en el aeropuerto de Maiquetía.
“Están deteniendo a gente en el aeropuerto, les anulan el pasaporte y se genera un efecto inhibitorio”, donde la gente “lo piensa dos veces” antes de volar desde o hacia ciudades como Caracas, explica a la VOA Bolívar.
La experta en derechos fundamentales advierte sobre “la precalificación masiva” de delitos graves por parte del Ministerio Público, como terrorismo.
Kennedy Tejeda, uno de los abogados de Foro Penal en Carabobo, fue acusado ante tribunales con competencia en terrorismo, después de haber estado en “desaparición forzosa” tras visitar a varios manifestantes detenidos. Otras detenciones de civiles también se han reportado en puntos de control de fuerzas de seguridad. La denuncia del presidente Maduro hacia quienes “hayan agredido al pueblo” ha suscitado inquietud entre defensores de derechos humanos.
Expertos independientes lamentan que estas acciones están llevando a que se pueda juzgar la responsabilidad del Estado en graves violaciones a los derechos humanos ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Fuente y créditos: www.vozdeamerica.com
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