Un juez federal reconoce el derecho a poseer ametralladoras
La semana pasada, un juez federal reconoció el derecho de un joven de 22 años de Kansas a poseer ametralladoras, en un fallo que se suma a una serie de interpretaciones contradictorias sobre los derechos de armas, derivadas de la amplia reinterpretación de la Segunda Enmienda por parte de la Corte Suprema en el caso de 2022, Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York contra Bruen. Esta decisión, redactada por el juez Clarence Thomas, establece que las leyes que restringen los derechos de armas son constitucionales solo si provienen de una tradición de regulación que data de algún momento entre la firma de la Carta de Derechos en 1791 y el final de la Guerra Civil.
Detalles del caso de Tamori Morgan
El acusado en el caso de Broomes, Tamori Morgan, fue imputado el año pasado por un gran jurado federal por posesión de un rifle automático calibro .30, junto con una pistola Glock equipada con un dispositivo de conversión que permitía disparar de forma automática. La ley federal prohíbe la posesión de ametralladoras producidas después de 1986 y requiere el registro y la tributación especial de las ametralladoras de propiedad civil producidas antes de ese año. Según la ley federal, poseer un dispositivo de conversión para ametralladoras es equivalente a poseer una ametralladora, independientemente de si el dispositivo está o no acoplado a un arma. La violación de esta prohibición puede conllevar penas de hasta 10 años de prisión.
El juez Broomes, designado por el ex presidente Donald Trump, determinó que el gobierno no logró identificar un análogo histórico que pudiera justificar la prohibición total sobre la posesión de ametralladoras que el Congreso aprobó en 1986. Los fiscales señalaron que la decisión histórica de 2008 en el caso Distrito de Columbia contra Heller, que extendió los derechos de la Segunda Enmienda a individuos en vez de solo a milicias, específicamente no tenía como objetivo socavar las restricciones de larga data sobre armas peligrosas o inusuales, incluidas las ametralladoras.
Implicaciones del fallo de Broomes
Broomes desestimó esta alegación, argumentando que Heller solo mencionó las ametralladoras de pasada y que se centró más en las pistolas. En su fallo, Broomes destacó que los estadounidenses poseen aproximadamente 740,000 ametralladoras registradas legalmente, según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. El juez desestimó los cargos del gobierno contra Morgan, y aunque la decisión se aplica específicamente al caso de Morgan, abre la puerta a futuros desafíos constitucionales sobre las restricciones de ametralladoras.
La Oficina del Fiscal de EE. UU. para Kansas no reveló si los fiscales apelarían la decisión, aunque se espera que el gobierno lo haga. Este caso seguramente atraerá la atención de las autoridades federales, que luchan por contener el flujo de dispositivos de conversión de ametralladoras impresos en 3D. Los defensores públicos han utilizado rutinariamente la decisión de Bruen en intentos desesperados por que se desestimen casos de armas que parecen perdidos. Han citado reflexivamente dicho fallo en casos de ametralladoras, aunque hasta ahora no parecían haber tenido éxito. Sin embargo, citar a Bruen para desestimar casos criminales de armas que de otro modo serían irrecuperables ha resultado en fallos que han debilitado o derogado completamente otras leyes importantes de control de armas, planteando dudas sobre la constitucionalidad de restricciones de armas ampliamente aceptadas.
El caso de Rahimi y su impacto
El desafío más famoso, Estados Unidos contra Rahimi, llegó hasta la Corte Suprema este año después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. anulara una ley que prohibía la posesión de armas a los abusadores domésticos. El acusado, Zackey Rahimi, estaba sujeto a una orden de protección civil tras supuestamente amenazar a la madre de su hijo con un arma de fuego, y la policía sospecha que disparó armas en público en al menos seis ocasiones separadas mientras estaba bajo la orden de protección. En una votación desequilibrada de 7-1 en junio, la Corte Suprema confirmó la ley de 1994 que despoja de derechos de armas a aquellos sujetos a órdenes de protección por abuso doméstico, aunque solo el juez Thomas, autor del fallo de Bruen, argumentó que la ley debería ser revocada por motivos constitucionales. Los reformistas vieron el fallo de Rahimi como una indicación de que la interpretación extensa de los derechos de la Segunda Enmienda por parte de Thomas no ha resonado con el resto de la mayoría conservadora del tribunal.
Fuente y créditos: www.huffpost.com
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