La Exclusión de LGBTIQ+ en El Salvador
SAN SALVADOR — Cuando Nayib Bukele buscaba la presidencia de El Salvador en 2019, su ideal político estaba desligado del ala conservadora. Bukele no solo rechazaba la forma de hacer política de los partidos tradicionales, sino que buscaba incluir en su gobierno a poblaciones históricamente excluidas, como las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y otros colectivos (LGBTIQ+).
“Creo que la lucha de los derechos civiles de nuestro tiempo es la comunidad LGBTI, y yo quiero estar del lado correcto de la historia, no voy a estar del lado de los discriminadores”, dijo Bukele en 2014, cuando apenas llevaba dos años en la política salvadoreña y buscaba gobernar la capital.
Bukele inmortalizó ese momento en una fotografía donde aparece con personas LGBTIQ+ extendiendo una bandera con los colores de la diversidad. Sin embargo, ese proyecto quedó en el ideal, pues el mandatario, quien se reeligió en 2024 para permanecer cinco años más al frente de la presidencia de El Salvador, ha sido tajante en prohibir de los espacios educativos todo material alusivo a la ideología de género y a la diversidad sexual. Además, ha eliminado entidades gubernamentales relacionadas con esta población.
Despedidos en el Sector Cultural
Una de sus últimas decisiones fue despedir, a finales de junio, a 300 empleados de la dependencia Cultural por supuestamente promover “agendas que no son compatibles” con la visión de su gobierno. Aunque no habló de agendas en concreto, legisladores oficialistas secundaron al mandatario, agregando que “El Salvador es provida y profamilia tradicional”, y que la agenda 2030 “no tiene cabida” en el gobierno salvadoreño.
La agenda 2030 es un listado de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas que incluyen disposiciones para los próximos años sobre la igualdad de género, el reconocimiento legal al género y la no discriminación a la población LGBTIQ+, entre otros temas.
El despido masivo de empleados de Cultura se da luego de que la Gran Sala del Teatro Nacional de San Salvador proyectara la obra “Inmoral”, protagonizada por la actriz drag Irene Crown, considerada por el gobierno salvadoreño como “contenido no apto para las familias salvadoreñas”.
Impacto en Derechos Humanos
“Lo que está pasando en El Salvador es un poco de lo que se vive en contextos de gobiernos autoritarios, donde una de las características es el ataque a la diversidad. El ataque hacia grupos diversos como la población LGBTIQ+ genera cierta popularidad en este tipo de líderes políticos”, dijo Gonzalo Montano, sociólogo y miembro de la Fundación Amate, una organización no gubernamental que promueve los derechos de la población LGBTIQ+ salvadoreña.
A pesar de que Bukele aseguraba la inclusión de la población LGBTIQ+ en su campaña, en sus primeros días como presidente eliminó la Dirección de Diversidad Sexual, una vía que utilizaban las organizaciones civiles pro derechos de la población LGBTIQ+ para acercarse al presidente. También cerró la Secretaría de Inclusión Social, cuyos proyectos pasaron a manos de una oficina cultural.
Discriminación en el Ámbito Educativo y de Salud
En 2021, cuando el partido de Bukele controlaba la mayoría del Congreso salvadoreño, fueron archivadas varias leyes de la administración pasada, entre estas, la Ley Especial para la Igualdad y la no discriminación y la Ley de Identidad de Género, lo que bloqueó el derecho a que se reconozca la identidad de género autopercibida por las personas transgénero.
Los ministros de Bukele reflejan esta visión. El 27 de febrero, el ministro de Educación, José Mauricio Pineda, afirmó en su cuenta de X: “todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”. Esta decisión se produce tras las afirmaciones de Bukele en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Estados Unidos sobre la importancia de que la currícula no lleve la ideología de género.
A Montano le preocupa la postura del gobierno, ya que El Salvador aprobó un decreto ejecutivo en 2010 que prohibía toda forma de discriminación por orientación sexual e identidad de género en las instituciones del Estado, y a su criterio, no se está cumpliendo.
“Este decreto permitía a las organizaciones sociales de derechos humanos acercarse a los ministerios a aportar perspectivas en torno a la discriminación. Eso lo perdimos”, agregó Montano.
Según el sociólogo, con la desaparición de esas oficinas, la población LGBTIQ+ vio prohibida cualquier forma de discriminación en el área de salud pública. Se cancelaron programas específicos que atendían temas como las infecciones de transmisión sexual, que estaban enfocados en la inclusión.
“En los formularios de recolección de datos de personas se ha eliminado cualquier referencia a la diversidad sexual. Esto ha hecho que las personas LGBTQ+ se sientan menos bienvenidas en el sector salud, que ahora son espacios hostiles”, concluyó Montano.
Fuente y créditos: www.vozdeamerica.com
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