Anuncio del Gobierno de Venezuela sobre el avión de Nicolás Maduro
El gobierno de Venezuela informó el lunes 2 de septiembre que se reserva el derecho de tomar acciones legales para “reparar” el daño ocasionado por la confiscación del avión oficial del presidente Nicolás Maduro. Esta aeronave fue interceptada en República Dominicana bajo orden de las autoridades de Estados Unidos como parte de las sanciones impuestas a Caracas.
Confiscación del avión y reacciones de Caracas
Venezuela declaró que “se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal” de EE.UU., calificando la confiscación de “piratería”. Según la versión de Washington, la aeronave, un Dassault Falcon 900EX, fue adquirida ilegalmente por 13 millones de dólares y estaba en operación para Maduro y sus afines en Venezuela.
Críticas hacia las acciones de EE.UU.
Las autoridades venezolanas han denunciado que esta acción representa una “práctica criminal” de EE.UU., que se justifica con las numerosas sanciones impuestas a altos funcionarios chavistas. El comunicado del gobierno sostiene que “ningún Estado está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional” y acusa a EE.UU. de utilizar su poder económico y militar para coaccionar a otros países, como República Dominicana, para que sean cómplices de estos actos delictivos.
Contexto de las elecciones en Venezuela
Caracas considera que esta confiscación no es un incidente aislado, sino parte de una “escalada de acciones contra el gobierno”, especialmente tras las elecciones del 28 de julio, que dieron la victoria a Maduro, un resultado que no ha sido reconocido por varios países debido a acusaciones de fraude por parte de la oposición.
Investigaciones y declaraciones de EE.UU.
El fiscal general de EE.UU., Merrick B. Garland, indicó que a finales de 2022 y principios de 2023, personas cercanas a Maduro presuntamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su involucramiento en la compra ilegal del avión, que fue exportado ilegalmente desde EE.UU. a Venezuela en abril de 2023. Desde entonces, ha operado mayormente desde una base militar en Venezuela, incluso transportando a Maduro en sus visitas al extranjero.
Garland enfatizó que el Departamento de Justicia seguirá persiguiendo a quienes violen las sanciones y controles de exportación, para prevenir el uso de recursos estadounidenses con el fin de socavar la seguridad nacional.
Fuente y créditos: maduradas.com
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