Trump firma orden ejecutiva contra la Corte Penal Internacional
WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que impone sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) debido a las investigaciones sobre Israel, un aliado cercano de Estados Unidos. Ni Estados Unidos ni Israel son miembros de la corte y no la reconocen, a pesar de que esta emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por presuntos crímenes de guerra relacionados con su respuesta militar en Gaza tras el ataque de Hamas contra Israel en octubre de 2023. Durante la respuesta militar israelí, han muerto decenas de miles de palestinos, incluidos niños.
La orden firmada por Trump acusa a la CPI de participar en “acciones ilegítimas y sin fundamentos dirigidas hacia América y nuestro cercano aliado Israel” y de abusar de su poder al emitir “órdenes de arresto sin fundamento” contra Netanyahu y su exministro de defensa, Yoav Gallant. “La CPI no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos o Israel”, afirma la orden, añadiendo que la corte ha sentado un “precedente peligroso” con sus acciones contra ambos países.
La acción de Trump se produjo mientras Netanyahu visitaba Washington. Él y Trump sostuvieron conversaciones el martes en la Casa Blanca, y Netanyahu pasó parte del jueves reuniéndose con legisladores en el Capitolio. La orden estipula que Estados Unidos impondrá “consecuencias tangibles y significativas” a aquellos responsables por las “transgresiones” de la CPI. Las acciones pueden incluir el bloqueo de propiedades y activos y la prohibición de entrada a funcionarios, empleados y familiares de la CPI a los Estados Unidos.
Reacciones a la orden ejecutiva
Activistas de derechos humanos afirmaron que sancionar a los funcionarios de la corte tendría un efecto paralizante y sería contraproducente para los intereses de Estados Unidos en otras zonas de conflicto donde la corte investiga. “Las víctimas de abusos a derechos humanos en todo el mundo recurren a la Corte Penal Internacional cuando no tienen otro lugar a donde ir, y la orden ejecutiva del presidente Trump dificultará que encuentren justicia”, dijo Charlie Hogle, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión de Libertades Civiles Americanas. “La orden también plantea serias preocupaciones sobre la Primera Enmienda, ya que pone en riesgo a las personas en Estados Unidos de sufrir severas penalizaciones por ayudar a la corte a identificar e investigar atrocidades cometidas en cualquier lugar, por cualquier persona”. Hogle expresó que la orden “es un ataque tanto a la responsabilidad como a la libertad de expresión.”
Sarah Yager, directora de Human Rights Watch en Washington, mencionó en una entrevista previa al anuncio que “puedes estar en desacuerdo con la corte y su funcionamiento, pero esto está más allá de lo aceptable”. Al igual que Israel, Estados Unidos no está entre los 124 miembros de la corte y ha albergado sospechas de que una “Corte Global” de jueces no electos podría procesar arbitrariamente a oficiales estadounidenses. Una ley de 2002 autoriza al Pentágono a liberar a cualquier estadounidense o aliado estadounidense retenido por la corte. En 2020, Trump sancionó a la exfiscal principal Fatou Bensouda por su decisión de abrir una investigación sobre crímenes de guerra cometidos por todas las partes, incluidos los Estados Unidos, en Afganistán.
Complicaciones en el futuro de la CPI
Sin embargo, esas sanciones fueron levantadas bajo la presidencia de Joe Biden, y Estados Unidos comenzó a cooperar tímidamente con el tribunal, especialmente después de que Khan, en 2023, acusara al presidente ruso Vladimir Putin de crímenes de guerra en Ucrania. El senador Lindsey Graham, R-S.C., quien organizó reuniones en Washington, Nueva York y Europa entre Khan y legisladores del Partido Republicano que han sido críticos de la corte, expresó que se siente traicionado por Khan y promete aplastar a la corte, así como a la economía de cualquier país que intente hacer cumplir la orden de arresto contra Netanyahu. “Esta es una corte rebelde. Esta es una corte de farsa”, dijo Graham en una entrevista en diciembre. “Hay lugares donde la corte tiene perfecto sentido. Rusia es un estado fallido. La gente cae por las ventanas. Pero nunca en mis sueños más locos imaginé que irían contra Israel, que tiene uno de los sistemas legales más independientes del planeta”.
Graham agregó que “la teoría legal que están usando contra Israel no tiene límites y nosotros somos los siguientes”. Biden había llamado las órdenes de arresto una abominación, y el asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, acusó a la corte de tener un sesgo antisemita. Cualquier sanción podría debilitar la corte al dificultar los viajes de sus investigadores y comprometer la tecnología estadounidense desarrollada para salvaguardar pruebas. El año pasado, la corte sufrió un importante ciberataque que dejó a los empleados incapaces de acceder a archivos durante semanas.
Algunos países europeos están respondiendo a esto. Los Países Bajos, en una declaración a finales del año pasado, pidieron a otros miembros de la CPI que “cooperen para mitigar los riesgos de estas posibles sanciones, para que la corte pueda continuar con su trabajo y cumplir con su mandato”. La relación de Estados Unidos con la CPI es complicada. Estados Unidos participó en negociaciones que llevaron a la adopción del Estatuto de Roma que estableció la corte como un tribunal de última instancia para procesar las peores atrocidades del mundo: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, si los gobiernos individuales no toman acción. Estados Unidos votó en contra del Estatuto de Roma en 1998. El entonces presidente Bill Clinton firmó el estatuto en 2000, pero no envió el tratado al Senado de EE. UU. para su ratificación.
Fuente y créditos: www.huffpost.com
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