Trump firma una orden ejecutiva que busca ampliar el uso de la pena de muerte.

La orden ejecutiva instruye al fiscal general a evaluar si las 37 personas cuyas sentencias de muerte fueron conmutadas bajo Biden pueden ser acusadas de crímenes capitales estatales. Incluso en los estados que aún permiten las sentencias de muerte, sería difícil reprocesar casos de décadas de antigüedad. La orden también indica que el fiscal general debe “evaluar los lugares de encarcelamiento y las condiciones de confinamiento” para cada una de las 37 personas cuyas sentencias de muerte fueron conmutadas y tomar medidas para asegurar que sus condiciones sean “consistentes con la monstruosidad de sus crímenes y las amenazas que representan.” La implicación de que los individuos eliminados del corredor de la muerte ahora están cumpliendo sus cadenas perpetuas en condiciones cómodas carece de fundamento. El año pasado, agencias de control gubernamental informaron sobre cientos de muertes prevenibles y el uso excesivo del aislamiento en prisiones federales. Con un corredor de muerte federal casi vacío, Trump dirigió al fiscal general a ayudar a los estados a continuar llevando a cabo ejecuciones tomando “todas las medidas necesarias y legales para asegurar que cada estado que permita la pena de muerte tenga un suministro suficiente de drogas necesarias para llevar a cabo inyecciones letales.” Varios estados que permiten la pena de muerte se han alejado de las ejecuciones, en parte debido a la dificultad de obtener medicamentos para la inyección letal.