Los reguladores de Estados Unidos quieren que un juez federal divida Google para evitar que la compañía continúe aplastando la competencia a través de su dominante buscador, después de que un tribunal determinó que la firma ha mantenido un monopolio abusivo durante la última década.
El desmantelamiento propuesto, planteado en un documento de 23 páginas presentado el miércoles por la noche por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pide castigos severos que incluirían la venta del navegador web Chrome, líder en la industria, e impondría restricciones para evitar que Android favorezca su propio buscador.
La venta de Chrome “detendrá permanentemente el control de Google sobre este crítico punto de acceso de búsqueda y permitirá que los buscadores rivales tengan la capacidad de acceder al navegador que para muchos usuarios es una puerta de entrada a internet”, argumentaron los abogados del Departamento de Justicia en su presentación.
Aunque los reguladores no exigieron que Google venda también Android, afirmaron que el juez debería dejar claro que la compañía aún podría verse obligada a deshacerse de su sistema operativo para smartphones si su comité de supervisión continúa viendo evidencias de mala conducta.
El amplio alcance de las sanciones recomendadas subraya con cuánta severidad creen los reguladores que operan bajo el gobierno del presidente Joe Biden que debería castigarse a Google tras un fallo en agosto del juez del distrito de Estados Unidos Amit Mehta que calificó a la compañía como monopolista.
Los responsables del Departamento de Justicia que heredarán el caso después de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el próximo año podrían no ser tan estrictos.
Las vistas en la corte de Washington, D.C. sobre el castigo de Google están programadas a partir de abril y Mehta tiene como objetivo emitir su decisión final antes del Día del Trabajo, que se celebra el 1 de septiembre ese año.
Si Mehta acepta las recomendaciones del gobierno, Google se vería obligado a vender su navegador Chrome, de 16 años de antigüedad, dentro de los seis meses siguientes a la decisión final. Pero la compañía ciertamente apelaría cualquier castigo, lo que podría prolongar una batalla legal que se ha arrastrado durante más de cuatro años.
Fuente y créditos: www.vozdeamerica.com
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