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    NetChoice y TechNet demandan a la CFPB por la normativa sobre aplicaciones de pago digital

    Apple Pay, Cash App, and other digital wallets will be regulated more like banks now

    Desafío a la CFPB por parte de grupos tecnológicos

    Dos importantes grupos de comercio tecnológico están impugnando el esfuerzo de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) por tratar a las aplicaciones de pago y billeteras digitales como bancos. En una demanda presentada en un tribunal federal en Washington, DC, NetChoice y TechNet afirman que la regulación de pago digital de la CFPB, anunciada el 21 de noviembre de 2024, es arbitraria y caprichosa. “La ilegal adquisición de poder de la CFPB socava el estado de derecho, amplía indebidamente el estado administrativo y pone en riesgo a los consumidores estadounidenses y la innovación”, dijo Chris Marchese, director de litigios de NetChoice, en un comunicado. “Las acciones de la CFPB crean obstáculos innecesarios para las empresas que luchan por satisfacer las necesidades de los consumidores y preparan el escenario para precios más altos y menos opciones.”

    Contexto de la demanda

    Esta es la segunda demanda relacionada con la regulación. Google presentó una demanda en diciembre después de que la CFPB colocara a Google Payment Corp. bajo supervisión federal. En un comunicado a The Verge, el portavoz de Google, José Castañeda, calificó la norma como “un claro caso de excesos gubernamentales.”

    Detalles de la norma CFPB

    La norma, que entró en vigor a finales de diciembre, permite que la CFPB supervise el cumplimiento de los procesadores de pagos digitales con las leyes federales de privacidad y fraude a través de “exámenes proactivos.” La oficina estimó que las aplicaciones incluidas bajo la norma —incluidas Apple Pay, Google Wallet, PayPal, Venmo y CashApp— procesan colectivamente más de 13 mil millones de transacciones al año.

    Argumentos de NetChoice y TechNet

    Sin embargo, NetChoice y TechNet afirman que la CFPB no identificó adecuadamente los riesgos para los consumidores o las lagunas en la supervisión que justificarían la norma. “La oficina no logró demostrar que los riesgos para los consumidores que la norma pretendía aliviar existían realmente en su apresuro por inventar un problema en busca de una solución”, afirma la demanda.

    Fuente y créditos: www.theverge.com

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