CARACAS — A mediados de septiembre, Germary Salas tenía planeado viajar a su natal Venezuela para renovar su pasaporte vencido, un procedimiento que no pudo completar en Perú debido al cierre de la Embajada venezolana en Lima a principios de agosto. Esta sede diplomática, junto a otras en Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Uruguay, tuvo que cerrar tras el anuncio del presidente venezolano Nicolás Maduro sobre la ruptura de relaciones con esos gobiernos, que desconocieron los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela.
Salas, de 22 años, fue una de los miles de venezolanos afectados. Logró viajar con un salvoconducto, pero al hacer escala en Colombia, le fue negada la entrada a su país. Las autoridades migratorias colombianas le informaron que no podía ingresar con pasaporte vencido. Recurrió a una opción que le ofrecieron en el aeropuerto, donde le sugirieron tramitar el documento en la Embajada de Colombia, aunque tardaría entre 24 y 72 horas y debía pagar ciertos gastos.
Decidió ir hasta Cúcuta, donde un taxista de confianza la llevó a cruzar la frontera para que sellara su entrada a Venezuela con pasaporte vencido. Sin embargo, el trámite del pasaporte dentro del territorio venezolano puede costar unos 200 dólares y no es rápido, con filas enormes y un sistema que se cae constantemente. Fuera de fronteras, los costos superan los 300 dólares y los tiempos de espera pueden exceder los 6 meses, según denuncias en redes sociales.
El caso de Salas no es aislado. Gerardo Salas menciona que después del cierre de embajadas, muchos venezolanos que deseaban viajar a su país para renovar documentos se encontraron con una nueva medida que prohíbe la entrada a quienes tengan pasaportes vencidos. Aunque no fue anunciada oficialmente, el Consejo Superior del Turismo (Conseturismo) confirmó a principios de octubre que habría excepciones para los pasajeros venezolanos con doble nacionalidad o residencia legal en otros países.
Además, desde principios de agosto, la página web para solicitar el certificado de antecedentes penales dejó de funcionar, lo que complicó aún más los procesos. Julio Linares, venezolano en España, describió su frustración al intentar obtener el certificado. Muchos migrantes necesitaron pedir ayuda a familiares en Caracas para realizar trámites presencialmente.
Laura Louza, fundadora de la organización Sin Acceso a la Justicia, señala que estas recientes restricciones son contrarias a la Constitución, que establece que cualquier persona con nacionalidad venezolana puede regresar a su país sin importar si tiene o no el documento vigente. Destacó que las medidas contribuyen a la ruptura institucional en Venezuela, dejándolos desprotegidos y sin acceso a sus derechos.
Con el cierre de embajadas y consulados, resultando en la pérdida del acceso a trámites consulares como la solicitud y emisión de pasaportes, la situación es más complicada para los migrantes venezolanos. Louza opina que estas restricciones son autoritarias y pueden llevar a una especie de “exilio forzado”. Dejando claro que, lamentablemente, los tribunales no son independientes y no se puede acudir por justicia por las violaciones a los derechos.
Fuente y créditos: www.vozdeamerica.com
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