Desafío Legal al Proyecto de Ley 21 en Canadá
Una ley de Quebec que los críticos dicen que apunta injustamente a musulmanes, judíos y sikhs será impugnada en la Corte Suprema de Canadá, reavivando un amplio debate sobre la versión de secularismo de la provincia. La ley, conocida en Quebec como Proyecto de Ley 21, prohíbe a los empleados públicos, como maestros, fiscales y oficiales de policía, llevar, mientras están en el trabajo, prendas o accesorios asociados con su fe, como kipás, turbantes, pañuelos y cruces.
Libertad de Expresión y Religión en la Constitución de Canadá
La libertad de expresión y religión está consagrada en la constitución canadiense. Sin embargo, los gobiernos en todos los niveles, incluido el federal, pueden apartar ciertos derechos en favor de sus propios objetivos de política, a través de la rara vez utilizada “cláusula de excepción”. Esta cláusula fue adoptada en 1981 como una especie de botón de anulación después de que los líderes provinciales expresaran su preocupación de que tendrían que ceder autoridad a los tribunales para interpretar algunos derechos.
Contexto de la Política Secular en Quebec
Las políticas seculares de Quebec son más estrictas que las de otras provincias canadienses, donde durante muchos años la Iglesia Católica Romana ejerció influencia sobre la educación, la atención médica y el bienestar público. Un gobierno liberal ganó en Quebec en 1960 con la promesa de reflejar las cambiantes necesidades de la sociedad quebequense, lo que dio inicio a un período de transformación conocido como la “revolución tranquila”, en el cual el estado se movió hacia la secularización. Quebec promulgó su prohibición de símbolos religiosos en 2019 utilizando la cláusula de excepción, con el apoyo de los residentes.
Reacciones e Implicaciones del Proyecto de Ley
Los críticos afirman que la prohibición de símbolos religiosos es una reacción a un aumento de inmigrantes musulmanes. Un estudio publicado en la Canadian Review of Sociology en 2018 encontró una mayor prevalencia de islamofobia en Quebec que en otras provincias canadienses. Ha habido desafíos legales por parte de grupos religiosos, juntas escolares e individuos que han argumentado que la ley viola sus libertades fundamentales. El año pasado, tres jueces de la Corte de Apelación de Quebec respaldaron unánimemente la ley en un caso que involucraba a la Junta Escolar de Inglés de Montreal, que argumentó que la ley también promovía la discriminación de género, predominantemente contra las maestras.
La Corte Suprema rara vez toma casos cuando un tribunal de apelación inferior ha llegado a una decisión unánime, dijo Pearl Eliadis, profesora de derecho en la Universidad McGill. La Corte Suprema no da razones para asumir casos específicos, por lo que no está claro qué cuestiones —la cláusula de excepción, la discriminación de género, la libertad de expresión— adjudicará el tribunal.
Las decisiones de la Corte Suprema en las últimas dos décadas han subrayado que Canadá es fundamentalmente una sociedad secularista. La tradición legal canadiense compara la constitución con un árbol vivo, dijo la profesora Eliadis, capaz de evolucionar para satisfacer las cambiantes necesidades de la sociedad. La profesora Eliadis expresó que pensaba que el caso trataba sobre “la forma en que se está utilizando el secularismo para suprimir los derechos de las minorías religiosas”.
Harini Sivalingam, directora de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, una de las organizaciones que impugnaron la ley en los tribunales, dijo en una conferencia de prensa el jueves que la ley afectaba desproporcionadamente a las poblaciones minoritarias, incluidas las comunidades musulmanas, siques y judías. Arif Virani, ministro de justicia federal, dijo a los reporteros en Hill de Parlamento el jueves que el gobierno planeaba argumentar su punto de vista porque el asunto era de importancia nacional. Sin embargo, el futuro incierto del Partido Liberal en el liderazgo podría dificultar ese esfuerzo.
En respuesta a los comentarios del Sr. Virani, Simon Jolin-Barrette, ministro de justicia de Quebec, dijo en un comunicado que la provincia “lucharía hasta el final” para proteger sus valores seculares, agregando que el gobierno federal estaba mostrando una falta de respeto por la autonomía de Quebec al intervenir en el caso. La profesora Eliadis dijo que mientras uno de los principales principios del secularismo de Quebec era la idea de que el estado debe ser un actor neutral, pensaba que la ley imponía el punto de vista del gobierno sobre cómo debería verse la no religión en el servicio público. “Ahora el estado ya no es realmente neutral”, dijo.
Vjosa Isai es reportera e investigadora para The New York Times en Toronto.
Fuente y créditos: www.nytimes.com
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