Decisión Judicial en Contra de la Política de Inmigración de Biden
La política del presidente Joe Biden que otorgaba estatus legal a algunos cónyuges de ciudadanos estadounidenses que ingresaron al país de manera ilegal fue anulada por un juez federal designado por el presidente electo Donald Trump. Biden anunció su iniciativa “Manteniendo a las Familias Unidas” en junio. La política habría permitido a alrededor de medio millón de cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses solicitar residencia permanente sin la obligación de abandonar el país. Los solicitantes debían tener un historial criminal que no penalizara la solicitud y no representar una amenaza para la seguridad pública, la seguridad nacional o la seguridad fronteriza.
Trump, quien fue elegido para un segundo mandato con una victoria decisiva sobre la vicepresidenta Kamala Harris a principios de esta semana, ha prometido políticas migratorias estrictas a su regreso a la Casa Blanca. El presidente electo ha prometido llevar a cabo la mayor deportación masiva de migrantes indocumentados en la historia, mientras sugiere que podría deportar a algunos migrantes que se encuentran legalmente en el país.
La Reacción ante la Anulación de la Política
El jueves, el juez del distrito de EE. UU. J. Campbell Barker, nombrado por Trump en 2019, se pronunció a favor de Texas y más de una docena de otros estados liderados por republicanos en una demanda que buscaba anular la política. No está claro si la administración Biden tiene la intención de apelar la decisión, aunque es probable que Trump elimine la política el próximo año si la decisión del jueves es revertida.
Ashley DeAzevedo, presidenta del grupo defensor de familias de estatus mixto American Families United, afirmó en un comunicado: “El juez J. Campbell Barker no solo desmanteló el programa KFT, sino que hizo pedazos las esperanzas de cientos de miles de familias estadounidenses.” Newsweek se comunicó con la Casa Blanca para solicitar comentarios el jueves por la noche.
Plan de Deportación Masiva de Trump
Trump ha proporcionado pocos detalles sobre cómo implementará su plan de deportación masiva ni cuánto costará a los contribuyentes estadounidenses. Durante una entrevista con NBC News el jueves, el presidente electo afirmó que no había un “precio” para el plan de deportación. Según el American Immigration Council, se estima que el costo del plan de deportación de Trump se sitúa en unos $315 mil millones, lo que podría afectar a entre 11 y 14 millones de personas.
El esfuerzo de deportación podría enfrentarse a la resistencia de los gobernadores demócratas que controlan tres de los cuatro estados en la frontera entre EE. UU. y México. Una parte clave del plan de Trump parece involucrar el uso de agencias de aplicación de la ley locales y tropas de la Guardia Nacional, que se activan bajo las órdenes de los gobernadores estatales. Si bien los gobernadores de estados controlados por republicanos podrían intentar desplegar sus tropas de la Guardia Nacional para ayudar en deportaciones en estados demócratas, tales acciones casi con seguridad estarían sujetas a desafíos legales y otros problemas que podrían dificultar la ejecución de los planes de Trump.
El gobernador de California, Gavin Newsom, quien a menudo tuvo enfrentamientos con Trump durante su primer mandato, advirtió al presidente electo el miércoles que “mantendría el estado de derecho” en California durante el segundo mandato de Trump. Stephen Yale-Loehr, profesor de práctica de derecho de inmigración en la Universidad de Cornell, dijo previamente a Newsweek que los estados y ciudades controlados por demócratas con “políticas de santuario” pueden no cooperar con las órdenes de Trump, lo que podría “prevenir arrestos masivos” y posiblemente bloquear algunas deportaciones.
Fuente y créditos: www.newsweek.com
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