NEW YORK (AP) — Un exfiscal del Watergate instó el lunes a un juez federal que preside la acusación contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, a designar un abogado especial para ayudar a decidir cómo manejar la solicitud del Departamento de Justicia de retirar los cargos, mientras que tres exfiscales estadounidenses instaron a una “exhaustiva investigación de los hechos”.
El abogado Nathaniel Akerman le dijo al juez Dale E. Ho en una carta presentada en el registro del caso en la corte federal de Manhattan que buscaba intervenir porque nadie estaba representando el interés público después de que tres abogados del Departamento de Justicia en Washington hicieran la solicitud el viernes. El exfiscal del Watergate instó al juez a rechazar la solicitud de desestimación, diciendo que el tribunal podría investigar cómo el Departamento de Justicia llegó a su decisión y podría exigir que el fiscal general adjunto interino Emil Bove, quien primero dirigió a los fiscales a retirar el caso, comparezca ante el tribunal y explique su posición.
Akerman, que representa a Common Cause, un grupo de defensa no partidista por la integridad de las elecciones en EE. UU., dijo que el juez podría necesitar nombrar finalmente a un fiscal independiente para el caso.
Eric Adams se ha declarado inocente de los cargos de que, mientras ocupaba su anterior rol como presidente del distrito de Brooklyn, aceptó más de $100,000 en contribuciones de campaña ilegales y lujosos beneficios de viaje de un funcionario turco y líderes empresariales que buscaban comprar su influencia.
Tres exfiscales estadounidenses también presentaron argumentos ante Ho el lunes, diciendo que lo que estaba en juego era “mucho más que una disputa interna sobre un caso individual”. “El furor público que ha surgido durante la última semana plantea preocupaciones sobre el respeto al estado de derecho y la división de poderes entre las Ramas Ejecutiva y Judicial de nuestro país”, escribieron John S. Martin Jr., el fiscal de EE. UU. de Manhattan de 1980 a 1983; Robert J. Cleary, fiscal de EE. UU. por Nueva Jersey de 1999 a 2002; y Deirdre M. Daly, fiscal de EE. UU. por Connecticut de 2013 a 2017.
Sugirieron que Ho primero averiguara por qué el Departamento de Justicia quería desestimar los cargos y si sus razones eran pretextuales. Si el juez decide que la desestimación de los cargos es inapropiada, tendrá múltiples remedios, incluido el poder de nombrar a un fiscal especial o dirigir a los fiscales federales a poner a disposición pruebas, incluidos materiales del gran jurado, para fiscales estatales y locales, dijeron. También escribieron que una investigación fáctica podría llevar a otros “resultados necesarios e importantes”, incluida la posibilidad de un procedimiento por desacato, derivaciones penales y recomendaciones disciplinarias. “En resumen, dependiendo de las circunstancias, el Tribunal podría tener una variedad de avenidas procesales disponibles para proteger la integridad del Tribunal y el sistema de justicia de abusos”, dijeron los exfiscales.
Los exfiscales también informaron al juez que se han emitido o se emitirán declaraciones públicas adicionales respecto a los eventos de la semana pasada por parte de cientos de exfiscales federales. Adams se ha declarado inocente de los cargos de que, mientras ocupaba su anterior rol como presidente del distrito de Brooklyn, aceptó más de $100,000 en contribuciones de campaña ilegales y lujosos beneficios de viaje de un funcionario turco y líderes empresariales que buscaban comprar su influencia.
La semana pasada destacó tras una inusual disputa pública entre Bove, el segundo al mando del Departamento de Justicia, y dos fiscales federales principales de Nueva York: la fiscal interina de Manhattan, Danielle Sassoon, y Hagan Scotten, un asistente de la fiscal de EE. UU. en Manhattan que lideró la acusación contra Adams.
El jueves, Sassoon renunció, junto con cinco altos funcionarios del Departamento de Justicia. Un día después, Scotten renunció, señalando que Sassoon había resistido adecuadamente una demanda de que los cargos fueran desestimados y la posibilidad de que pudieran ser reinstalados después de las elecciones de este año. “Ningún sistema de libertad ordenada puede permitir que el Gobierno use la zanahoria de desestimar cargos, o el garrote de amenazar con volver a presentarlos, para inducir a un funcionario electo a apoyar sus objetivos políticos”, escribió.
El lunes, Adams —en medio de llamados a renunciar por parte de algunos demócratas— confirmó que cuatro de sus altos asistentes habían decidido renunciar en la secuela del esfuerzo del Departamento de Justicia por terminar el caso de corrupción en su contra y asegurar su cooperación con la represión de inmigración de Trump.
En su carta a Ho, Akerman hizo eco de la afirmación de Sassoon de que el Departamento de Justicia había aceptado una solicitud de los abogados de Adams para un “quid pro quo” —su ayuda en la aplicación de la legislación de inmigración a cambio de desestimar el caso. Ella lo calificó como un “precedente impresionante y peligroso”. Akerman escribió que había “pruebas abrumadoras de los propios documentos internos del DOJ que muestran que la desestimación de la acusación contra Adams no está en el interés público y es parte de un corrupto quid pro quo entre el alcalde Adams y la administración Trump”.
Dijo que los documentos internos muestran que a cambio de la desestimación de la acusación, Adams acordó ayudar impropiamente a la administración Trump con la aplicación de la legislación de inmigración. El abogado de Adams, Alex Spiro, dijo el jueves que la acusación de un quid pro quo era una “total mentira”. Cuando dirigió a Sassoon a que desestimara los cargos hace una semana, Bove dijo que el alcalde de la ciudad más grande de EE. UU. era necesario para ayudar en la represión de inmigración de Trump y que la desestimación de cargos podría permitir a Adams hacer campaña para la reelección contra múltiples oponentes sin las cargas penales.
Fuente y créditos: www.huffpost.com
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