Trump firma orden ejecutiva contra la CPI
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que impone sanciones a funcionarios no identificados de la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal establecido en 2002 en La Haya, Países Bajos, para juzgar genocidios, crímenes de guerra y otras infracciones graves bajo la ley internacional.
Órdenes de arresto contra líderes israelíes
A finales del año pasado, tras meses de tensiones, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, junto con varios funcionarios de Hamas que ahora, según se informa, están fallecidos, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza.
Trump acusó a la CPI de “acciones ilegítimas y sin fundamento que apuntan a Estados Unidos y a nuestro cercano aliado, Israel” en relación con estas órdenes de arresto, lo que también provocó reflexiones en países como Alemania sobre si detendrían a Netanyahu si este ingresara al país. La CPI no cuenta con mecanismos de ejecución formales y depende de los estados firmantes para realizar arrestos cuando se emiten las órdenes.
Reacciones internacionales a las sanciones de EE. UU.
En cuestión de horas, 79 países, incluidos Francia, Alemania, México y Sudáfrica, condenaron la medida en un comunicado conjunto. “Tales medidas aumentan el riesgo de impunidad por los crímenes más graves y amenazan con erosionar el estado de derecho internacional, que es crucial para promover el orden y la seguridad global”, afirmaron los países el viernes.
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, indició que sancionar a la CPI “socava el sistema de justicia penal internacional en su conjunto”. Sin embargo, la Unión Europea no está unida en este asunto. Hungría fue una de las pocas voces en respaldar a Trump, con el ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, defendiendo la decisión en Facebook.
El canciller alemán, Olaf Scholz, advirtió que utilizar sanciones era la “herramienta equivocada” para la situación. “Ponen en riesgo una institución que debe garantizar que los dictadores de este mundo no puedan simplemente perseguir a las personas y comenzar guerras, y eso es muy importante”, dijo el viernes.
Implicaciones de la orden de sanciones de Trump
Por su parte, la CPI afirmó que continuará su trabajo sin verse desanimada. En un comunicado breve, acusó a Trump de intentar “dañar el trabajo judicial independiente e imparcial [del tribunal]”. La corte continuará proporcionando “justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo”, agregó.
Sin embargo, según Mark Klamberg de la Universidad de Estocolmo, la orden ejecutiva de Trump podría tener ramificaciones más amplias, ya que podría usarse contra cualquier persona involucrada en los esfuerzos de la CPI. “Podría afectar a otras personas también, posiblemente creando un temor más generalizado a trabajar con el tribunal”, indicó el experto en derecho internacional.
Aunque EE. UU. no es parte del Estatuto de Roma, el tratado que fundamenta la CPI, el tribunal depende de la cooperación de EE. UU. en varias situaciones para recolectar información para sus investigaciones. Las sanciones de EE. UU. podrían hacer que los funcionarios de la CPI sean más cautelosos.
La organización no gubernamental Human Rights Watch advirtió de un posible “efecto paralizante” en el trabajo de la corte. “La CPI es un tribunal de última instancia, que interviene cuando las autoridades nacionales son incapaces o no están dispuestas a llevar a cabo procesos genuinos”, afirmó Liz Evenson, directora de justicia internacional.
Preocupaciones de Trump sobre la CPI
El enfrentamiento de Trump con la corte se remonta más allá de la actual guerra de Israel en Gaza. En 2020, durante su primer mandato en la Casa Blanca, impuso medidas punitivas a la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, quien había comenzado investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra de EE. UU. en Afganistán y presuntos crímenes israelíes en los territorios palestinos. Esas sanciones fueron posteriormente derogadas bajo la presidencia de Joe Biden.
La forma en que funciona la CPI permite que los nacionales de países que nunca ratificaron el tratado aún puedan ser procesados por crímenes cometidos en el territorio de los estados parte. Esto es cómo EE. UU. enfrentó una investigación en Afganistán, que es firmante de la CPI. Hasta la fecha, ningún funcionario de EE. UU. ha sido acusado, pero el último movimiento de Trump podría ser un intento de evitar presiones futuras.
Fuente y créditos: www.dw.com
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