Desafíos en la Implementación del Acuerdo de Paz
La firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016, marcó un hito en la búsqueda de poner fin al conflicto en Colombia. Sin embargo, alcanzar una paz definitiva sigue siendo un reto, ya que la violencia persiste. Recientemente, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) reportó que desde la firma del Acuerdo, más de 1,5 millones de personas han sido desplazadas debido al aumento del conflicto.
Durante la conmemoración del Acuerdo el 21 de noviembre, el presidente colombiano, Gustavo Petro, destacó que la implementación del mismo ha tenido un avance del “medio cumplir”. Expertos consultados por la Voz de América indican que el acuerdo enfrenta obstáculos debido a la falta de garantías de seguridad para excombatientes y líderes sociales, lo que sigue siendo una deuda pendiente. Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), explicó que el asesinato de 430 firmantes del acuerdo en estos ocho años refleja la incapacidad del Estado para proteger a aquellos que buscan la paz.
Espacios de Capacitación y Proyectos Productivos
La creación de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ha sido esencial para facilitar la transición de excombatientes a la vida civil, promoviendo proyectos productivos que benefician a los firmantes de paz y a las comunidades locales. Sin embargo, las medidas de desarrollo rural establecidas en el Acuerdo han tenido un impacto limitado, y la Reforma Rural Integral enfrenta importantes rezagos, según cifras de la Contraloría de Colombia.
Bonilla señaló que “los puntos de reforma rural están en baja implementación”, lo que afecta el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo.
Retos en la Sustitución de Cultivos y Garantías de Seguridad
El Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos ha beneficiado a miles de campesinos, pero enfrenta significativos desafíos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reportó un incremento del 10% en las hectáreas de hoja de coca y un aumento del 53% en la producción potencial de cocaína en 2023. Según Bonilla, para llevar a cabo la sustitución de cultivos es crucial contar con productos viables que generen una economía comparable a la de la coca, lo cual aún no se ha logrado.
Además, las garantías de seguridad para excombatientes son un asunto crítico; desde 2016, más de 432 excombatientes han sido asesinados. Eduardo Bechara Gómez, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, comentó que la fragmentación de los actores armados contribuye a esta crisis de seguridad.
Indemnización de Víctimas y Futuro del Acuerdo de Paz
A pesar de que el Gobierno ha priorizado la indemnización a las víctimas, los progresos son insuficientes. Según cifras oficiales, solo el 17% de las víctimas han sido reparadas, lo que requeriría más de cinco décadas para completar la reparación total. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene abiertos 11 macrocasos para investigar los eventos más graves del conflicto armado en Colombia.
Bechara destacó el compromiso de las víctimas y firmantes del Acuerdo, quienes, a pesar de las condiciones de implementación, continúan apostando por la paz. Ante estos desafíos, el presidente Gustavo Petro ha propuesto extender la implementación del Acuerdo hasta 2038, argumentando que los plazos actuales son insuficientes y que la ampliación es crucial para llevar a cabo los compromisos pendientes.
Bonilla advirtió que “si no se amplía la implementación hasta 2028, el Acuerdo de Paz se consideraría incumplido y eso podría revivir y escalar el conflicto”.
Fuente y créditos: www.vozdeamerica.com
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