Detenciones de jóvenes en Venezuela
CARACAS — La primera vez que Theany Urbina pudo visitar a su hijo de 17 años en la cárcel supo que estuvo en “el inframundo”, como describen a un calabozo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Caracas. También que había sido víctima de torturas, según contó a la Voz de América. Su hijo es uno de los más de 160 jóvenes, de entre 14 y 17 años, que fueron encarcelados luego de que en Venezuela estallaron protestas por la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, el pasado 28 de julio.
Según la ONG venezolana Foro Penal aún quedan 69 jóvenes detenidos. La VOA conversó en Caracas con madres de varios de ellos. Los adolescentes son acusados, entre otros cargos, de terrorismo e incitación al odio, por los que podrían recibir sentencias entre 10 y 30 años de cárcel.
Theany Urbina, Dionexis García y María Navas, que llevan puestas camisetas blancas estampadas con los rostros y los nombres de sus familiares detenidos, se preparan para la entrevista, comparten café y algo de comida. Las une un mismo dolor.
Condiciones inhumanas en la cárcel
“La última vez que estuvo en una crisis de depresión me dijo que se quería morir”, dijo tras un largo silencio Urbina, en referencia a su hijo. Los jóvenes fueron forzados, aseguran, a grabar videos declarando que habían sido contratados por la oposición liderada por María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, para causar destrozos en medio de las denuncias de fraude electoral. No todos accedieron.
El anuncio de la victoria de Maduro, sin que el Consejo Electoral (CNE) publicara un escrutinio detallado como contempla la norma, desencadenó protestas los días siguientes a los comicios, que dejaron 27 muertos y unos 200 heridos, según la Fiscalía. Las manifestaciones fueron reprimidas por fuerzas del orden. El gobierno desplegó operativos en barriadas, principalmente pobres, para capturar a supuestos participantes, que fueron catalogados de “terroristas”.
El oficialismo, que insiste en la responsabilidad de los apresados, asegura que ha salido victorioso de una conspiración para derrocar a Maduro.
Denuncias de torturas
“Andan buscando la impunidad, para seguir usando niños más adelante (…) Aquí se acabó la impunidad. Vayan a reclamarle a quien los metió en eso, a quien los puso a quemar escuelas, a asesinar personas”, afirmó el 9 de octubre, Diosdado Cabello, ministro de interior y justicia, en su programa semanal, en el canal del estado VTV.
Y sin convocatorias a manifestaciones por parte de la oposición, Maduro celebra que en Venezuela “triunfó la paz”. Sin embargo, el miedo a detenciones es perceptible en la gente, en la calle, en cualquier conversación. No son pocos los que evitan referirse públicamente a la política.
El inframundo o la celda “la llorona” es una celda “en el sótano” de un edificio de la PNB, también conocido como Zona 7. “Ellos ahí no tenían cómo respirar”, describe Theany Urbina, que asegura que tuvo que pagar “para que le llegara a tiempo la comida” a su hijo.
Dionexis García y María Navas relatan que sus familiares también estuvieron en la misma celda. “Es una celda que le llaman ‘la llorona’, ¿por qué llorona? Porque las paredes sudan, las paredes botan agua, digamos que es sudor (…) En ese inframundo tenían que estar en bóxer porque el calor era horrible, no podían ni respirar”, describe García, en referencia a lo que vivió su hermano Diomer Gómez, de 17 años.
Incluso, cuenta, “tenían que alquilar un ventilador por una hora para poder agarrar aire. Hacían pupú en bolsa, porque ahí no hay baño, no hay condiciones”. Gómez, recién graduado del colegio, se debatía entre estudiar Comunicación Social o ser electricista. Ahora está detenido desde el 2 de agosto.
Torturas y golpizas
A Miguel Urbina lo detuvieron el 2 de agosto, en Caracas, mientras comía en la calle, revive su mamá Theany. La policía lo relaciona con unos destrozos a una comandancia, y lo acusa de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de vías pública, daño al patrimonio y resistencia a la autoridad.
“Le pusieron corriente, obligándolo a grabar un video diciendo que le estaban pagando por destrozar el módulo policial, él se oponía y le pegaban, lo pusieron a agarrar una tarjeta con corriente, también le pusieron una bolsa con una bomba lacrimógena”, dijo la madre.
A Diomer Gómez le llegó el operativo Tun Tun a la zona donde vivía. Esta es una estrategia del gobierno venezolano para capturar a opositores luego de los comicios.
“Él nos dice que cuando se lo llevan a la policía lo golpearon y le pusieron una capucha (…) y electricidad y él dice que tenía que grabar un video diciendo que a él le habían pagado 50 dólares para salir a protestar”, recordó Dionexis García. Sin embargo, el adolescente no accedió.
María Navas es la mamá de Raiber Lucena, de 16 años, detenido el 31 de julio y acusado de saquear un concesionario de motos. Navas dijo que a su hijo “los policías le pegaron con una tabla por el cuello para que hiciera un video donde dijera que le habían pagado”.
“Nos quieren dar a entender que no existe ley”, continúa Dionexis García, que agrega tajante: “aquí no hay justicia (…) Es el presidente el que puede dar la orden para que estos muchachos salgan”.
“Aquí en Venezuela paga menos años de prisión el que le quita la vida a una persona que el que está en una protesta. Es increíble, pero cierto”. Estás mujeres denuncian que se les ha negado la defensa privada. Tampoco han podido tener acceso al expediente.
Fuente y créditos: www.vozdeamerica.com
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