El DOJ ordena una represión a los esfuerzos locales para bloquear la aplicación de la ley de inmigración

Trump Administration DOJ Immigration Protest Prevention

Instrucciones del Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia ha instruido a los fiscales federales a presentar cargos contra funcionarios estatales y locales que obstaculizan la aplicación de la inmigración por parte de la administración de Trump. Un memo del fiscal general adjunto en funciones, Emil Bove, dirige a la división civil del DOJ a colaborar con el Grupo de Trabajo de Aplicación de Ciudades Santuario para identificar y, potencialmente, impugnar leyes estatales y locales que obstaculizan los esfuerzos migratorios.

Importancia de las Medidas de Inmigración

El plan migratorio del presidente Donald Trump ha reavivado políticas de su primer mandato, como la política “Quedarse en México”, mientras implementa nuevas medidas destinadas a frenar tanto la inmigración legal como la ilegal. Su administración está tomando medidas enérgicas contra las jurisdicciones santuario considerando cargos penales contra funcionarios que resisten directivas federales y restringiendo la financiación federal por incumplimiento.

Este memo de tres páginas, obtenido por la Associated Press, enfatiza el objetivo de la administración de procesar a individuos por delitos graves relacionados con la inmigración y aumentar las deportaciones. Para apoyar estos esfuerzos, se instruye a agencias federales, incluyendo el FBI y la Oficina de Prisiones, a compartir información con el Departamento de Seguridad Nacional.

Cambio en las Políticas Federales

El memo de Bove esboza un regreso a políticas destinadas a perseguir los delitos más graves comprobables, una característica de las administraciones republicanas anteriores. Se instruye a los fiscales federales a notificar a los tribunales sobre este cambio y prepararse para un aumento esperado en los juicios relacionados con la inmigración. Además, cualquier decisión de rechazar tales juicios debe ser reportada a los líderes del DOJ. “De hecho, es responsabilidad del Departamento de Justicia defender la Constitución y, en consecuencia, ejecutar legalmente las políticas que el pueblo estadounidense eligió que el presidente Trump implementara”, escribió Bove, quien antes de unirse a la administración fue parte del equipo legal que defendió a Trump en dos casos penales presentados por el DOJ.

La orden señala una clara separación de las políticas migratorias de la administración anterior y representa un cambio inmediato en las prioridades federales. Los fiscales tienen la tarea de asegurar la adhesión a estas políticas, con implicaciones significativas para las jurisdicciones estatales y locales que se resisten a los mandatos federales de inmigración.

Impacto y Reacción

Las órdenes ejecutivas de Trump ya han provocado repercusiones, como la cancelación de citas para migrantes que esperan entrar bajo la aplicación CBP One. México ha acordado continuar acogiendo a solicitantes de asilo bajo la reinstaurada política “Quedarse en México”, que los críticos dicen expone a los migrantes a condiciones peligrosas mientras esperan audiencias en la corte de EE. UU.

Emil Bove, en un memo, dijo: “La responsabilidad del Departamento de Justicia, que cada uno de sus empleados asume orgullosamente, incluye la aplicación agresiva de las leyes promulgadas por el Congreso, así como la defensa enérgica de las acciones del Presidente en nombre de los Estados Unidos contra los desafíos legales. El personal del Departamento debe unirse en las oficinas que los contribuyentes han financiado para llevar a cabo este trabajo importante”. Krish O’Mara Vignarajah, presidenta de Global Refuge, criticó la reinstauración de “Quedarse en México”, diciendo que expone a los migrantes a “el tipo más oscuro de déjà vu” y perpetúa condiciones inseguras en la frontera. “Esta política hace poco para abordar las causas raíz de la migración mientras exacerba los riesgos para aquellos que buscan seguridad”, afirmó.

Próximos Pasos

El foco del Departamento de Justicia en procesar la resistencia estatal y local a la aplicación federal de la inmigración probablemente desatará batallas legales. Las ciudades y estados santuario pueden impugnar la autoridad del gobierno federal para penalizar a funcionarios locales por políticas diseñadas para proteger a inmigrantes indocumentados. Grupos de defensa como la ACLU ya han señalado planes para desafiar estas iniciativas, particularmente la reinterpretación de la 14ª Enmienda, que podría tardar años en resolverse en los tribunales.

Fuente y créditos: www.newsweek.com

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